Los Estados, siguiendo lineamientos de organismos internacionales, han reforzado sus marcos normativos para prevenir, detectar y controlar riesgos vinculados al soborno, la corrupción y el fraude. Este escenario coloca a empresas y personas ante la responsabilidad de promover culturas organizacionales íntegras y de asegurar ambientes de control sólidos a lo largo de toda su cadena de valor.
En esa dirección, muchos países avanzan hacia modelos que atribuyen responsabilidad —penal o administrativa— a las personas jurídicas frente a determinadas conductas. En Argentina, un ejemplo clave es la Ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las empresas privadas por delitos de “corrupción empresarial” en su interacción con el sector público.
Como consecuencia, las organizaciones se enfrentan al desafío de implementar Programas de Compliance que permitan gestionar adecuadamente riesgos penales, regulatorios y reputacionales, adaptándose a su actividad, tamaño y contexto operativo.
En este marco, la definición estratégica de la función de Compliance y la adopción de Sistemas de Gestión de Riesgos se ha vuelto esencial para empresas, gobiernos e instituciones.